Griselda Álvarez Bonilla, Santo Domingo, R.D.; Tel: (809) 283- 0169, (809) 560-0536; Email: Griselda_alvarez@hotmail.com; Blog: galvarez2274 blogspot.com
ANÁLISIS DE LA LEY 1-12 SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL
DE DESARROLLO 2030
CAPITULO UNICO
La Ley 1-12 sobre Estrategia Nacional de Desarrollo año 2030, constituye una propuesta del Estado Dominicano que aspira lograr un Desarrollo Sostenible del País en un periodo de tiempo que va desde la promulgación de la presente ley hasta el año 2030. Es decir la vigencia de la presente ley es temporal.
Esta propuesta es un plan ambicioso que aspira a una transformación sistemática de los distintos estamentos del Estado, en el que además no solo participa el gobierno como jefe del Estado sino que se le asignado a la sociedad civil una importante cuota de participación para realización de tan ambicioso plan. Según lo esbozado en la presente ley el desarrollo del país es un compromiso de todos la eficacia y eficiencia de dicha ley.
Para poner en marcha este plan el Estado ha establecido una serie de objetivos medibles y delimitados en el tiempo, y pretende poner en marcha un conjunto de acciones y estrategias para lograr los objetivos establecidos.
La Estrategia Nacional de Desarrollo plantea en su Visión lo siguiente:
“República Dominicana es un país próspero, donde las personas viven dignamente,
apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantiza el Estado social y democrático de derecho y promueve la equidad, la igualdad de oportunidades, la justicia social que gestiona y aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada y se inserta competitivamente en la economía global”.
Según establece la ley las políticas públicas se articularan en torno a cuatro ejes estratégicos con sus correspondientes objetivos y líneas de acción, los cuales definen el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la Republica Dominicana.
Las Líneas de Acción asociadas a cada objetivo no son rígidas ni absolutas,
pudiendo establecerse líneas de acción adicionales, siempre que sean consistentes con la Visión de la Nación de Largo Plazo, los Objetivos y Metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
EJES ESTRATEGICOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030
Para implementar y poner en ejecución este plan de Nación cada año las autoridades competentes del Sector Público deberán presentar un Plan denominado Plan Plurianual el cual deberá contener el conjunto de programas, proyectos, y medidas políticas, dirigidos a contribuir al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y definirá cuales programas y proyectos prioritarios tendrán financiamiento protegido durante la ejecución de dicho plan.
Según estipula la ley en su articulo 4 estos programas y proyectos prioritarios serán identificados en cada uno de los presupuestos plurianuales y anuales, además estarán sometidos a evaluaciones técnicas de medio término y post y sujetos a procesos de veeduría social. (grupos organizados por personas elegidas por la comunidad o que se constituyen libremente para ejercer el control social en , el barrio o el municipio donde habitan, con el fin de vigilar el diseño y la ejecución de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por las entidades públicas para cumplir con las responsabilidades asignadas por la Constitución y las leyes.)
Para medir el desempeño o el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 se han diseñado mecanismos que permitan evaluar el Desarrollo logrado , para esto cada Eje Estratégico estará dotado de un conjunto de indicadores y metas cuyo logro se perseguirá durante la vigencia de la presente ley. La evolución de cada indicador será objeto de medición sistematica. Estos indicadores podrán ser cambiados o modificados por el Ministerio de Economia, Planificación y Desarrollo asi como la Oficina Nacional de Estadisticas en conjunto, cuando se amerite para dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Para el logro de los objetivos Generales de los Cuatros Ejes Estratégicos las líneas de acciones correspondiente con la consecución de los objetivos de cada Eje, así como también se definirán los objetivos específicos de cada uno de ellos.
En estos lineamientos se esboza muy claramente lo que necesita hacer el país para poner en marcha y lograr los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Entre los objetivos específicos del primer Eje estratégico tenemos:
- Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.
- Impulsar el desarrollo local, provincial y regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las oportunidades de los mercados globales
- Fortalecer el respeto a la ley y sancionar su incumplimiento a través de un sistema de administración de justicia accesible a toda la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales.
- Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción.
- Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.
- Consolidar las relaciones internacionales como instrumento de la promoción del desarrollo nacional, la convivencia pacífica, el desarrollo global, regional e insular sostenible y un orden internacional justo, en consonancia con los principios democráticos y el derecho internacional.
Algunas de las Líneas de Acción que están estipuladas en la ley para el logro de los objetivos son las siguientes:
Racionalizar y normalizar la estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto
Las funciones institucionales como la dotación de personal, para eliminar la duplicidad y dispersión de funciones y organismos y propiciar el acercamiento de los servicios públicos a la población en el territorio, mediante la adecuada descentralización y desconcentración de la provisión de los mismos cuando corresponda.
Fortalecer el sistema de control interno y externo y los mecanismos de acceso a la
Información de la administración pública, como medio de garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad del gasto público.
Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética.
Fortalecer el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con apoyo
En el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para que opere con legalidad, transparencia, eficiencia y facilidad de manejo.
Fortalecer la justicia contenciosa, tributaria y administrativa, mediante la aprobación de los instrumentos jurídicos necesarios para asegurar a la legalidad en la actuación de la Administración Pública.
Establecer mecanismos de participación permanente y las vías de comunicación
Entre las autoridades municipales y los habitantes del municipio para promover la
Permanente participación social activa y responsable en los espacios de consulta y
concertación del gobierno local, mediante el desarrollo de una cultura de derechos y deberes de las y los munícipes y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y representativas de los distintos sectores que interactúan en el municipio, enfatizando las de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres.
Identificar y resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre autoridades municipales y centrales, para mejorar la coordinación en la ejecución de las políticas nacionales y locales.
Fortalecer los mecanismos internos y externos de fiscalización de la ejecución
Presupuestaria municipal.
Fortalecer la independencia y autonomía del sistema judicial, a fin de asegurar la
Equidad, imparcialidad, transparencia, previsibilidad y seguridad jurídica en su actuación y la sanción al incumplimiento de la ley.
Profundizar la reforma del Sistema Judicial y garantizar la idoneidad técnica y
Conductual de todos los actores del sistema de justicia.
Institucionalizar y fortalecer mecanismos que mejoren el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de conflictos, como arbitraje, conciliación y mediación y establecer espacios de capacitación de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz social.
Fortalecer y mejorar los mecanismos de orientación a la población sobre sus derechos y deberes, así como promover el conocimiento de los servicios de la Administración de Justicia y de las leyes más usuales para fomentar una cultura de respeto a la ley y ejercicio efectivo de derechos.
Asegurar la debida coordinación y articulación entre las instituciones especializadas, organismos comunitarios y población en general, en el diseño y ejecución de las políticas de prevención, vigilancia y persecución del delito, el crimen y la violencia ciudadana, incluyendo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, con el propósito de lograr la construcción de comunidades seguras.
Fortalecer el marco institucional y normativo para el control de prácticas que inciden en el delito y la violencia, sobre todo la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes, tales como uso de armas, drogas y juegos de azar.
Desarrollar y consolidar mecanismos de participación y veeduría social, sustentados en el acceso a la información pública, rendición de cuentas y evaluación y control de calidad de las políticas y servicios públicos.
Vigilar que los acuerdos bilaterales o multilaterales de integración en los que
Participe el país apoyen la consecución de las metas nacionales de desarrollo económico, social, político, cultural, tecnológico, medio ambiental y de equidad de género.
Gestionar eficientemente la cooperación internacional en favor del desarrollo
Nacional, incluyendo el intercambio de capacidades nacionales para cooperar con los demás países.
Entre los objetivos específicos asociados al segundo eje estratégico tenemos los siguientes:
- Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género.
- Universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar el nivel medio, incluyendo niños y niñas sin documentación.
- Garantizar el derecho de la población al acceso a un modelo de atención integral, con calidad y calidez, que privilegie la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, mediante la consolidación del Sistema Nacional de Salud.
- Garantizar un sistema universal, único y sostenible de Seguridad Social frente a los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, integrando y transparentando los regímenes segmentados existentes, en conformidad con la ley 87-01.
- Construir una cultura de igualdad y equidad entre hombres y mujeres Garantizar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, para impulsar su inclusión económica y social y proteger aquellas en condiciones de vulnerabilidad.
- Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas.
- Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora.
Las líneas de acción inmediatas a implementar para el logro de los objetivos son las siguientes:
Proveer en todo el territorio nacional la infraestructura física adecuada, la dotación de recursos pedagógicos, tecnológicos y personal docente que posibiliten la universalización de una educación de calidad desde los 3 años de edad hasta concluir el nivel medio.
Brindar apoyo especial a estudiantes con dificultades de aprendizaje o discapacidad, a fin de reducir las tasas de sobre-edad, repetición y deserción.
Diversificar la oferta educativa, incluyendo la educación técnico profesional y la escolarización de adultos, para que respondan a las características de los distintos grupos poblacionales, incluidas las personas con necesidades especiales y capacidades excepcionales y a los requerimientos del desarrollo regional y sectorial, brindando opciones de educación continuada, presencial y virtual. integral
Impulsar la modernización institucional del sistema educativo público a todos los
niveles de gestión (escuela, distrito educativo, regional de educación y Sede Central), tomando como foco de atención el centro educativo, con el propósito de producir una desconcentración progresiva hacia el nivel local que permita mejorar la eficacia y eficiencia del sistema educativo.
Programar los recursos presupuestarios del Ministerio de Educación sobre la base
Asignar los recursos financieros a los centros educativos públicos sobre la base de
asegurar la correspondencia entre la población servida y recursos percibidos por centro, para contribuir a un eficaz proceso de desconcentración de la gestión y al aumento de la calidad educativa.
Fortalecer la formación, profesionalización y capacitación en el servicio de los
docentes y los formadores de docentes de la educación pública, con miras a dotarlos de las destrezas y habilidades para impartir una formación de calidad.
Fortalecer la enseñanza de las ciencias, tecnologías de la información y la comunicación y las lenguas como vía para insertarse en la sociedad del conocimiento.
Fomentar una cultura de investigación y desarrollo de la creatividad desde la
enseñanza básica y media.
Aplicar un sistema de monitoreo, evaluación y sanciones que garantice el cumplimiento de las actividades docentes, el calendario y el horario oficial de clases.
Establecer un sistema de monitoreo y evaluación del logro de los objetivos Impulsar el desarrollo de la red pública de salud y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la asistencia pre-hospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos grupos poblacionales.
Fortalecer los servicios de salud colectiva relacionados con los eventos de cada
ciclo de vida, en colaboración con las autoridades locales y las comunidades, con énfasis en salud sexual y reproductiva atendiendo las particularidades de cada sexo, prevención de embarazos en adolescentes, prevención de enfermedades transmisibles (tuberculosis, dengue, malaria, VIH y SIDA, entre otras), crónicas (hipertensión, diabetes, cardiovasculares, obesidad, entre otras) y catastróficas (cáncer de mama, cérvix y próstata, entre otras), así como el fomento de estilos de vida saludables garantizando el acceso a la población vulnerable y en pobreza extrema.
Fortalecer las regulaciones, mecanismos y acciones que garanticen la afiliación y
una eficaz fiscalización del pago al SDSS por parte de empleadores públicos y privados, a fin de garantizar la oportuna y adecuada provisión de los beneficios a la población afiliada, así como la sostenibilidad financiera del Sistema.
Fortalecer los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de la mujer.
Armonizar y actualizar el marco legal para una implementación efectiva de las políticas públicas relativas a la igualdad y a los derechos de las mujeres consagrados en la constitución vigente.
Promover una cultura de erradicación de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, niños, niñas y adolescentes.
Fortalecer el sistema de prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de
género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.
Fomentar la participación pro-activa de la mujer en todos los espacios de la vida
económica, política, social y cultural.
Crear mecanismos que faciliten la inserción de la mujer en el mercado laboral sin
discriminación, incluyendo protección contra el acoso sexual, y fomenten la corresponsabilidad paterna y social en el cuidado de la familia.
Concienciar sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para construir
una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que supere los estereotipos tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, utilizando espacios y actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil.
Desarrollar mecanismos y servicios integrales para las personas con algún tipo de
discapacidad que faciliten su inserción educativa y social y les permitan desarrollar sus potencialidades humanas, incluyendo el uso de las TIC, dentro de un marco de equidad y justicia social.
Ampliar las oportunidades para la inserción de las personas discapacitadas al mercado laboral, mediante la concertación de acuerdos con el sector privado, el establecimiento de puestos de trabajos protegidos y el fomento de iniciativas emprendedoras.
Fomentar una cultura de respeto hacia la igualdad de derechos y oportunidades de las personas con discapacidad, que genere un cambio de actitud en la sociedad y permita superar los estereotipos estigmatizantes, la discriminación y la exclusión social.
Definir para todas las instancias estatales un marco común de Regiones Únicas de
Planificación, estratégicas y operativas, sobre la base de las características culturales y socio-ambientales del territorio, que permita una mejor planificación y gestión de las políticas públicas y una distribución de los recursos públicos que disminuya las disparidades del desarrollo regional.
Aumentar el gasto social en educación, salud y servicios comunitarios en las zonas rurales, así como las inversiones en infraestructura productiva y aquellas que faciliten la integración urbano-rural y regional.
Fomentar en la zona rural actividades productivas no agropecuarias
Proveer servicios integrales para mejorar la gestión de las microempresas rurales.
Crear y desarrollar el marco legal e institucional para la definición de una política pública de vivienda, la planificación y desarrollo de asentamientos humanos ordenados, accesibles y sostenibles, sobre la base de planes de uso de suelos municipales, respetando las competencias y atribuciones de los gobiernos municipales, a fin de optimizar el uso del suelo, minimizar riesgos y posibilitar una provisión eficiente de servicios.
Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura
comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento.
Promover el desarrollo de nuevas opciones de financiamiento para constructores y
promotores del sector privado que ofrezcan viviendas de bajo costo y estándares adecuados de calidad, incluyendo a los pequeños y medianos constructores y promotores.
Establecer una normativa que garantice el desarrollo de proyectos de viviendas
seguras, dignas, saludables y amigables con el medio ambiente.
Desarrollar acciones positivas a favor de las mujeres y grupos vulnerables en
condición de pobreza, como jefas de hogar, madres solteras, mujeres víctimas de violencia, población discapacitada y adultos mayores, que faciliten su acceso a planes de viviendas dignas y de bajo costo.
Los objetivos específicos concerniente al Tercer eje son los siguientes:
- Garantizar la sostenibilidad macroeconómica
- Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.
- Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
- Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.
- Consolidar el clima de paz laboral para apoyar la generación de empleo decente.
- Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación.
- Lograr acceso universal y uso productivo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
- Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.
Lineamientos a seguir para el logro de estos objetivos:
Consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria,
cambiaria y crediticia, con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, impulsar un crecimiento económico alto, equitativo, sostenido y generador de empleos de calidad, atenuar los efectos negativos de los choques externos y garantizar niveles de deuda y de reservas internacionales compatibles con la sostenibilidad de largo plazo.
Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia
Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia
tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.
Impulsar la banca de desarrollo así como instrumentos de financiamiento a largo
plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación del progreso tecnológico al aparato productivo nacional.
Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan
la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.
Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten
el ahorro y faciliten el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, incluyendo a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso de supervisión bancaria tomando en cuenta la especificidad de su tamaño y naturaleza
Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la
explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector.
Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.
Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación
Medio ambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y
mitigación del cambio climático.
Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso
eficiente del sistema eléctrico.
Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos
de transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, en concordancia con los estándares internacionales.
Impulsar el funcionamiento de los mercados en condiciones de competencia y
control de abusos de posición dominante mediante el fortalecimiento del marco
regulador e institucional, con el propósito de reducir costos y precios y elevar la
competitividad de la economía en un entorno de apertura comercial.
Identificar y modificar, mediante el diálogo entre los sectores público y privado,
aquellas disposiciones contenidas en el Código de Trabajo que se determine desestimulan la contratación de trabajo asalariado e incidan en el deterioro del clima laboral, sin menoscabar los derechos adquiridos de los trabajadores.
Adaptar oportunamente las regulaciones laborales a las mejores prácticas
internacionales, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y empresarial, a favor de la generación de empleo decente, el aumento de la productividad, el libre ejercicio de los derechos en el lugar de trabajo, la remuneración adecuada y equitativa del trabajo y la protección de la seguridad social, en el marco de los acuerdos internacionales ratificados por República Dominicana.
Fortalecer el marco institucional para garantizar, sin discriminación, los derechos laborales establecidos en la Constitución, la legislación y los convenios internacionales ratificados por el país, incluidos en el dialogo social y los mecanismos de mediación y conciliación de conflictos laborales.
Actualizar el currículo de la educación superior para alcanzar estándares
internacionales de calidad.
Establecer un sistema nacional de acreditación de profesores y carrera
académica.
Crear una masa crítica de docentes-investigadores por medio de la formación de
maestros y doctores en universidades de reconocida calidad mundial y la atracción de profesionales de alto nivel residentes en el exterior, con criterio de igualdad de
oportunidades.
Crear un sistema de incentivos a instituciones y estudiantes, incorporando criterios racionales de equidad, para asegurar la formación de profesionales en las áreas
de ciencia y tecnología y otras especialidades que resultan claves para el desarrollo nacional y la competitividad, como es el caso de la formación de docentes para una educación de calidad.
Fortalecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades entre los
distintos grupos poblacionales en el acceso y permanencia en la educación superior, como crédito educativo y becas.
Fortalecer alianzas estratégicas con instituciones extranjeras de educación
superior, como medio de elevar la calidad.
Promover una oferta curricular de formación continua que posibilite la actualización profesional de los egresados universitarios.
Establecer con carácter obligatorio una prueba de orientación y aptitud académica que cualifique si el estudiante posee los conocimientos y habilidades mínimas
Requeridas para iniciar los estudios de nivel terciario.
Fortalecer, en las instituciones de educación superior, programas de nivelación
para aquellos estudiantes que no han completado satisfactoriamente la prueba de
orientación y aptitud académica, previo retomar nuevamente dichas pruebas y
garantizando la igualdad de oportunidades.
Promover la certificación de las competencias profesionales de los egresados de
medio de inclusión social y cierre de la brecha digital, mediante la acción coordinada entre Gobierno central, la administración local y sector privado.
Incrementar el nivel de conectividad y acceso a la banda ancha a precios asequibles, así como la capacidad y calidad del acceso internacional del país, a través de la ampliación y actualización permanente de las infraestructuras físicas, incluyendo la disponibilidad de una red troncal de fibra óptica de acceso abierto y capilarizada.
Incentivar el uso de TIC como herramienta competitiva en la gestión y operaciones de los sectores público y privado.
Incentivar la producción de contenidos locales que apoyen el gobierno electrónico del país.
Promover el uso de software libre para las aplicaciones del gobierno electrónico.
Remover los obstáculos del marco legal e institucional e impulsar la transparencia en las empresas públicas y privadas y el buen gobierno corporativo para promover el desarrollo del mercado de capitales como fuente de financiamiento a largo plazo.
Fortalecer el sistema de evaluación y acreditación de las instituciones de formación profesional y técnica para asegurar un crecimiento ordenado y eficiente de la oferta nacional y garantizar su calidad.
Adecuar de forma continua los currículos, las metodologías de enseñanza y las
plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con las demandas actuales y previsibles de las empresas y con el desarrollo de las iniciativas emprendedoras.
Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y certificación
de competencias laborales.
Promover una oferta curricular de formación continua que posibilite la actualización profesional de egresados de institutos técnico- profesionales, sin
discriminación entre hombres y mujeres.
Desarrollar programas de capacitación que incentiven la inserción de mujeres en
sectores no tradicionales, y tomen en cuenta el balance del trabajo productivo y
reproductivo.
Desarrollar programas de capacitación para grupos poblacionales que no hayan
completado la educación básica y para la readaptación laboral de los y las trabajadoras desplazadas por cambios permanentes en las condiciones de competitividad.
Impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones como
herramienta que permite ampliar el alcance de la formación profesional y técnica.
Incentivar la capacitación y el aprendizaje continuo en el puesto de trabajo, como
medio para elevar la productividad.
Objetivos específicos relativos al Cuarto Eje:
- Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.
- Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.
- Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa
participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas.
- Reducir la vulnerabilidad, avanzar en la adaptación a los efectos del cambio climático y contribuir a la mitigación de sus causas.
La Lineas de Acción Necesarias para el logro de estos objetivos son:
Fortalecer, a nivel nacional, regional y local, la institucionalidad, el marco regulatorio y los mecanismos de penalización para garantizar la protección del medio ambiente conforme a los principios del desarrollo sostenible.
Fortalecer la participación de los gobiernos locales en la gestión del medio ambiente y los recursos naturales y promover su implementación, en el ámbito geográfico del Plan de Ordenamiento Territorial.
Promover un sistema de Manejo Integral de Zonas Costeras, asignando prioridad a las áreas no protegidas.
Desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y valoración del estado del medio
ambiente y los recursos naturales a nivel nacional, regional y local, a partir de la
consolidación de un Sistema de Información Ambiental que incluya la valoración de los recursos naturales en las cuentas nacionales.
Realizar investigaciones y crear sistemas de información y análisis sistemáticos
acerca del impacto de la degradación del medioambiente en las condiciones de vida de la población, en particular sobre las mujeres y los grupos vulnerables.
Restaurar y preservar los servicios prestados por los ecosistemas, con énfasis en
Desarrollar un marco normativo para la gestión, recuperación y correcta eliminación de los desechos, incorporando el enfoque preventivo.
Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes de agua.
Promover el uso e integración de las TIC en la evaluación de impacto ambiental
(contaminación por ruido del espectro radioeléctrico) y fomentar el desarrollo de políticas regulatorias apoyadas en el uso de las TIC.
Fortalecer las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención,
Mitigación y Respuesta ante Desastres y su coordinación para que puedan desarrollar su labor con eficacia.
Diseñar e implementar un Plan Nacional de Gestión de Riesgos como principal
herramienta para la promoción de la cultura de la prevención en la República Dominicana.
Promover la aprobación y puesta en marcha de las normas y reglamentos que sean necesarios para una correcta y responsable gestión de riesgos ante desastres.
Fortalecer la coordinación entre las funciones e instituciones de planificación,
protección social y gestión ambiental y de riesgos, para minimizar las vulnerabilidades y propiciar la recuperación rápida y sostenible, en particular en relación a la población más pobre.
Fortalecer, en coordinación con los gobiernos locales, el sistema de prevención,
reducción y control de los impactos antrópicos que incrementan la vulnerabilidad de los ecosistemas a los efectos del cambio climático.
Fomentar el desarrollo y la transferencia de tecnología que contribuyan a adaptar
las especies forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático.
Fomentar la descarbonización de la economía nacional a través del uso de fuentes renovables de energía, el desarrollo del mercado de biocombustibles, el ahorro y eficiencia energética y un transporte eficiente y limpio.
Desarrollar las capacidades para las negociaciones internacionales en materia de
cambio climático.
Prevenir, mitigar y revertir, en coordinación con las autoridades nacionales y locales, los efectos del cambio climático sobre la salud.
El Estado Dominicano ha asumido el compromiso de realizar una serie de reformas para poder implementar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, algunas son:
Todas las instituciones del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y
autónomas y organismos municipales cumplirán con las normas de transparencia en las compras y contrataciones públicas, (incluyendo las relativas a la participación de las MIPYME), de acceso a la información pública y rendición de cuentas, en un plazo no mayor de tres (3) años.
La normativa democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los
sistemas de partidos y electoral, se aprobará y consolidará en un plazo no mayor de tres (3) años.
Todos los municipios del país contarán con planes de desarrollo municipal,
elaborarán y ejecutarán sus presupuestos participativos, en un plazo no mayor de
cinco (5) años.
El Gobierno Central transferirá a los ayuntamientos los tributos, competencias y
responsabilidades municipales que se consideren pertinentes dentro del marco de la Constitución y las leyes, en un plazo no mayor de siete (7) años.
La revisión de la Ley 87-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, se
realizará respetando los principios enunciados en la misma a fin de superar las
deficiencias que se han evidenciado a lo largo de su aplicación y poder completar el proceso de universalización de la seguridad social en un plazo no mayor de dos (2) años.
El proceso de reforma del sector salud se completará, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de dos (2) años.
El proceso de reforma de las instituciones de asistencia social, con el objetivo de
Se decidirá sobre la conveniencia de modificar el sistema de cesantía, paralelamente a la creación de un seguro de desempleo mediante el diálogo de los sectores estatal, laboral y empresarial y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, en un plazo no mayor de dos (2) años. En adición, se procederá a adecuar la legislación laboral, a fin de modificar las disposiciones que distorsionan los procedimientos judiciales y deterioran las buenas relaciones del sector laboral.
La reforma de los marcos legales e institucionales relativos al sector agropecuario
El Sistema Integral de Gestión de Riesgos, incluyendo lo relativo a la gestión del
riesgo sísmico y climático, se consolidará en un plazo no mayor de cinco (5) años.
La regulación de ahorro y eficiencia energética, como forma de contribuir a la
mitigación de las causas del cambio climático, se aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de dos (2) años.
La normativa relativa al pago por los servicios ambientales de los ecosistemas y la
biodiversidad y el uso de instrumentos económicos en la gestión ambiental se
aprobará y aplicará, en un plazo no mayor de tres (3) años.
El Estado dentro del compromiso de los pactos nacionales se abocará a realizar reformas en el área educativa, eléctrica, y fiscal, estas reformas según lo estipulado deberán realizarse a más tardar en un plazo de un año.
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